Ahora
surge un nuevo problema: un sector del conservadurismo más rancio del Estado, y
en especial, de nuestra Región (podría decirse que tiene especial arraigo aquí,
por no decir cantera) se empodera de una serie de creencias erróneas de lo que
consideran la libertad del individuo. Se manifiestan los reaccionarios bajo el
irónico nombre de Vox (la voz ¿de quién?), impidiendo que los ciudadanos y las
ciudadanas siempre consideradxs de segunda, como son las personas LGTBIQ+,
aspiren a tener un trato de igualdad social. De momento la representación de
este partido es mínima, pero estos días podemos ver en la Asamblea Regional la
influencia que tienen sobre los otros grupos de Derechas en la decisión de
poder.
Con respecto a la Educación, en ese grupo político de las cavernas tiene
una especial relevancia su defensa de la
libre elección de las familias a decidir la enseñanza de sus criaturas, más o
menos como en el PP, de donde surgen, sin tener claro el amplio abanico de
familias existentes en la realidad. Pareciera que quisieran preservar a sus
hijxs en una burbuja artificial, ya que toda aproximación a la diversidad les
parece una perversión. Estos días hemos podido comprobar, en la Comunidad
Valenciana, su pelaje, pidiendo antecedentes penales a los técnicos educativos
de colectivos LGTBIQ+, preparados para dar charlas en los centros educativos.
Esa petición sí que es constitutivo de delito de odio.
En materia de Educación, exigimos, desde la Federación de Enseñanza de
CCOO, Región de Murcia, la puesta en marcha efectiva de la Ley de Igualdad
Social LGTBI bajo la máxima expresada en el texto de que “toda persona tiene
derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación
sexual o identidad de género y con el debido respeto a estas”. El respeto se
muestra mostrando la realidad, normalizando la diversidad en cuestiones de
género y de orientación sexual. Es una labor de las administraciones, pero
también de los agentes educativos y sociales en su conjunto. Nuestra condición
ha desarrollado un estigma, cuyo presupuesto “contagio” inmoviliza a la
sociedad: No por defender la causa LGTBI se es gay, lesbiana, bisexual,
transexual o intersexual (y si se es, no pasa nada), se es justo, como ocurre
en otros ámbitos de la igualdad, y es la conciencia de justicia social la que
debe mover la labor de todo educador y toda educadora.
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Más adelante, el documento subraya: “La Comunidad Autónoma adoptará las medidas adecuadas para
garantizar una escuela para la inclusión y la diversidad LGTBI, ya sea en el
ámbito de la enseñanza pública, la concertada o la privada (…)”. Desde nuestro
ámbito solicitamos que se contemple de verdad la atención a la diversidad
afectivo-sexual y de género como parte de ese Plan de Intervención en los
centros, ya que es una cuestión de sensibilización y de no discriminación del
alumnado, que pueda o no tener una orientación, pero que sí comience a mostrar
una expresión de género no normativa en Ed. infantil y Ed. Primaria, por
ejemplo, y que pueda llegar a percibir grados de violencia.
Por último, para el profesorado y personal no docente que se decida a
trabajar desde una perspectiva igualitaria en un centro educativo, la Ley dicta
que “velará en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia por el cumplimiento efectivo de los derechos laborales y de
prevención de riesgos laborales de los colectivos LGTBI”. Lo deseable sería que
la alusión a la prevención de riesgos laborales no fuera por la acción de
denuncia de grupos políticos reaccionarios.
Puede consultar el "amenazado" texto en el este enlace:
José Gracia Teruel
Delegado de Educafectos. Federación
De Enseñanza de CCOO
RM
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